El alcalde de Urubamba generó controversia al proponer el cierre de Machu Picchu como medida extrema ante el conflicto por la concesión del servicio de buses, lo que afectaría directamente la actividad económica y la imagen internacional del Perú.
La autoridad municipal y un sector de la población cuestionan que la empresa Consettur continúe operando pese a que su concesión fue revocada hace tres meses después de 30 años de servicio, otorgándose el contrato a la compañía San Antonio Aranto por aproximadamente 20 millones de soles.
La Presidencia del Consejo de Ministros intervino para establecer que ambas empresas continúen operando temporalmente, aunque el riesgo de nuevas crisis persiste ante la falta de una solución definitiva que garantice el normal acceso al principal atractivo turístico del país.
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